Redacción JP
Monterrey, Nuevo León – La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León confirmó haber sufrido un ataque cibernético en febrero de este año, donde se sustrajeron aproximadamente 13 mil archivos de 960 carpetas de investigación, incluyendo información sensible como identificaciones, imágenes forenses e inventarios de armamento. A pesar de la gravedad del incidente, la institución asegura que el hackeo no afecta las investigaciones en curso ni los procesos judiciales.
El ataque y la filtración
Según el comunicado oficial, la brecha de seguridad fue detectada en marzo, momento en el que la Fiscalía activó protocolos de protección cibernética con el respaldo de consultores externos. Las indagatorias apuntan a que un funcionario identificado como Paul ‘N’, subdirector de Inteligencia, habría facilitado el acceso al sistema interno al contratar a un hacker para instalar un dispositivo en la red.
El objetivo, según las investigaciones, era utilizar la información como un recurso para ejercer presión en conflictos laborales. La información filtrada, contenida en un archivo de 14.7 GB, ya ha sido descargada en al menos 161 ocasiones en la dark web, según reportes de López Dóriga Digital.
Entre los datos comprometidos se encuentran:
- Imágenes de cadáveres.
- Identificaciones personales.
- Inventarios de armamento.
- Evidencia forense.
Las declaraciones oficiales: “Todo bajo control”
La Fiscalía aseguró que el incidente no afecta los procesos legales y que las investigaciones sobre el hackeo avanzan con firmeza. Indicaron que ya cuentan con órdenes de aprehensión contra los presuntos responsables, gracias a pruebas como videos y documentos recopilados durante las diligencias.
“El área de Informática ha implementado y actualizado los protocolos de ciberseguridad para evitar futuros incidentes”, afirmó la institución en su posicionamiento.
Críticas y preocupación por el impacto
A pesar de las declaraciones tranquilizadoras, expertos y líderes políticos han manifestado su preocupación. Miguel Ángel Sánchez Rivera, dirigente de Movimiento Ciudadano, calificó el hackeo como una “crisis de confianza” y exigió acciones inmediatas para restaurar la credibilidad de la Fiscalía.
“La magnitud de esta filtración es inaceptable. Las familias de Nuevo León merecen respuestas claras y acciones contundentes para proteger su seguridad y privacidad”, señaló Sánchez Rivera en un comunicado.
Movimiento Ciudadano presentó una serie de exigencias, incluyendo:
- Una explicación pública y detallada sobre cómo ocurrió el hackeo.
- Sanciones ejemplares para los responsables, incluyendo altos mandos involucrados.
- Medidas inmediatas para garantizar la seguridad de las personas afectadas.
Un panorama preocupante
El incidente pone en evidencia las vulnerabilidades en las instituciones encargadas de la seguridad y la justicia en Nuevo León. Aunque la Fiscalía minimiza el impacto en las investigaciones, la filtración de información sensible podría tener consecuencias graves para la seguridad de víctimas, testigos y funcionarios públicos.
En un contexto de creciente violencia e inseguridad en el estado, este ataque cibernético no solo expone fallas tecnológicas, sino también problemas estructurales en los sistemas de justicia. ¿Será suficiente con el actual protocolo de ciberseguridad, o el daño ya está hecho?
La Fiscalía enfrenta ahora un doble desafío: restaurar la confianza de la ciudadanía y garantizar que hechos como este no se repitan.
