Redacción JP
El Ayuntamiento de Puebla señala irregularidades en el manejo de recursos por más del 10% de su presupuesto; no descartan denuncias penales contra exfuncionarios.
El actual gobierno municipal de Puebla enfrenta un déficit financiero de 547 millones de pesos, herencia de la administración pasada, según datos oficiales. La cifra, que inicialmente se estimaba en 600 millones, se ha reducido tras un análisis detallado, pero sigue generando preocupaciones por su impacto en las finanzas públicas.
Principales irregularidades detectadas
El titular de la Secretaría de Gobernación, Franco Rodríguez Álvarez, calificó como “absurdo” que el faltante sea considerado un error administrativo, dado que equivale a casi el 10% del presupuesto del Ayuntamiento. Las principales áreas comprometidas son:
- Faltante bancario: 333.9 millones de pesos.
- Obras públicas con recursos comprometidos: 117 millones de pesos.
- Rubros prioritarios no incluidos en el presupuesto: 96.2 millones de pesos.
El tesorero municipal, Héctor Romay González Cobián, señaló que aunque la administración anterior dejó 232.8 millones de pesos en bancos, solo 100.3 millones eran utilizables debido a restricciones del ramo 33, que asigna recursos etiquetados. Esto dejó un hueco de 434.2 millones de pesos en pagos pendientes.
Servicios básicos adeudados y posibles denuncias penales
Entre las deudas heredadas figuran incluso pagos básicos como el suministro de energía eléctrica, lo que evidencia una grave mala gestión. La contralora municipal, Dulce Lilia Rivera Aranda, confirmó que ya se inició un expediente sobre las irregularidades detectadas.
El 13 de noviembre se recibió una denuncia formal, y la investigación contempla sanciones que podrían incluir responsabilidades penales para los exfuncionarios implicados, incluidos el exalcalde Adán Domínguez Sánchez y Eduardo Rivera Pérez, quien dejó su puesto para contender por la gubernatura.
¿Una bomba de tiempo financiera?
La situación refleja una administración que, según las actuales autoridades, operó sin el respaldo presupuestal necesario, dejando compromisos económicos insostenibles. Mientras las investigaciones avanzan, la ciudadanía enfrenta las consecuencias de un mal manejo de recursos que afecta los servicios públicos y la confianza en sus gobernantes.
El Ayuntamiento insiste en que se esclarecerá el destino del dinero faltante y asegura que se aplicarán sanciones ejemplares “a quien resulte responsable”.
